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Preguntas y respuestas

Fuente: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Actualizado 18 de Marzo.

General

¿Qué medidas puede adoptar una empresa en el contexto actual?

Ante la alerta sanitaria, la situación de falta de actividad o cierre obligatorio de centro de trabajo las empresas pueden optar por alguna de las siguientes medidas:

  • Optimizar turnos de trabajo, readecuando el personal en función de las franjas operativas de venta (reducción de las horas de apertura…).
  • Reforzar la comunicación con todos los empleados, emitiendo mensajes tranquilizadores y respondiendo adecuadamente a cualquier duda.
  • Los trabajadores deben avisar al encargado ante cualquier síntoma de la enfermedad en ellos mismos o en su entorno cercano.
  • Gestionar una bolsa de horas con los empleados.
  • Gestionar el disfrute de vacaciones.
  • Solicitar la reducción temporal de jornada o la suspensión temporal de los contratos de trabajo a través de un ERTE.

 

¿Qué medidas puede adoptar un empleado en el contexto actual?

El empleado que requiera adaptar su jornada de trabajo a la situación actual podrá acudir a:

  • Solicitud de medidas de adaptación de sus condiciones de trabajo que le permitan conciliar su situación personal y profesional.
  • Solicitud de reducción de jornada.

Bolsa de horas

¿Qué es una bolsa de horas?

La bolsa de horas es un mecanismo que permite a la empresa acumular y registrar horas de periodos en los que no se prestan servicios para compensarlos como mayor jornada en futuros periodos de alta actividad.

¿Qué hay que hacer para poder gestionar una bolsa de horas?

Si el convenio permite la distribución irregular de jornada habrá que estar a su regulación. En caso contrario será necesario preavisar a los trabajadores con cinco días de antelación y respetar los descansos previstos en la ley.

¿Existe algún límite a esta acumulación de horas?

Salvo regulación en convenio, existe un límite máximo de un 10% de la jornada anual y el respeto a los descansos mínimos que prevé la ley.

Vacaciones

¿Se puede gestionar la falta de ocupación con vacaciones?

Si, la empresa puede gestionar el disfrute de vacaciones para compensar el efecto de las medidas implementadas por el Gobierno.

¿Existe algún límite?

Sí, la empresa no puede obligar al disfrute de vacaciones de sus empleados y debe acordarlo con ellos.

ERTE

¿Qué es un ERTE?

Un ERTE es procedimiento que permite la suspensión temporal de contratos de trabajo o reducciones temporales de jornada de trabajo.

¿En qué casos se puede iniciar un ERTE?

Un ERTE responde a una causa temporal, reversible, que puede venir provocada por dos motivos:

  • Fuerza mayor.
  • Razones organizativas, productivas, económicas o técnicas.

¿Qué es fuerza mayor temporal relacionada con el COVID 19?

La definición técnica de fuerza mayor es “acontecimiento externo al círculo de la empresa, extraordinario, imprevisible e independiente de la voluntad de la empresa”. Entre las medidas laborales que se han aprobado recientemente, el Gobierno ha definido que se valorarán como fuerza mayor las situaciones que tengan su causa directa en pérdidas de actividad derivadas de las distintas medidas adoptadas como consecuencia del COVID-19, que impliquen:

  • Suspensión o cancelación de actividades.
  • Cierre temporal de locales de afluencia pública.
  • Restricciones en el transporte público.
  • Movilidad de las personas y o las mercancías.
  • Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.
  • Situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla.
  • Adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

Todo ello debe quedar debidamente acreditado.

¿Qué requisitos deben darse para la situación de fuerza mayor por COVID 19?

Además de las causas anteriores, deben cumplirse tres requisitos:

  • De concepto, porque debe justificarse algo ajeno a la decisión de la empresa. Es decir, no es suficiente que la empresa decida suspender su actividad si no hay causas ajenas a su voluntad.
  • Temporales, en el sentido de que la fuerza mayor temporal se entenderá acreditada para el periodo temporal que dure el estado de alarma.
  • Personales, que implica que solo se puedan afectar las personas cuya jornada resulta imprescindible reducir o cuyo contrato resulta ineludible suspender de manera que la medida sea proporcional.

¿Se puede despedir por estas causas en lugar de suspender los contratos de trabajo?

El Gobierno ha prohibido recientemente la extinción de los contratos por esta causa mientras dure el estado de alarma.

¿Qué trámites hay que llevar a cabo para un ERTE por fuerza mayor relacionado con COVID 19?

El ERTE por fuerza mayor en los casos anteriores (situaciones provocadas directamente por COVID 19) debe seguir los siguientes pasos

  • Comunicación de la empresa a la Autoridad Laboral, con la documentación necesaria para demostrar las causas de fuerza mayor.
  • Información simultánea a los trabajadores/ de los trabajadores (de haberlos).
  • Si la autoridad laboral lo solicita, informe de la Inspección de Trabajo que debe emitirse en un plazo máximo de 5 días, limitado a constatar la causa.

Es decir, este tipo de ERTEs no requieren periodo de negociación.

¿Qué plazo tiene la autoridad laboral para resolver este tipo de ERTEs?

Los ERTEs que se presenten por esta causa deben resolverse en 5 días. Transcurrido ese plazo el silencio es positivo, es decir, que se entenderá admitido el ERTE (si bien la administración se reserva el derecho de revisar posteriormente las causas, de manera que se debe actuar con prudencia respecto a la formalidad)

¿Qué pasa si la autoridad laboral deniega el ERTE?

En caso de que la Resolución de la Autoridad Laboral sea desfavorable la empresa puede iniciar un proceso ordinario de regulación de empleo (que incluye consultas) y al mismo tiempo impugnar la decisión ante la jurisdicción social.

Si la Autoridad laboral aprueba el ERTE por fuerza mayor, ¿desde cuándo se puede aplicar?

La empresa es la que decide la aplicación de las medidas y su fecha de ejecución, que puede ser desde el momento del hecho causante de la fuerza mayor.

¿Qué documentación debe acompañarse a un ERTE por fuerza mayor relacionado con COVID 19?

Los documentos que deben acompañarse son a este tipo de procesos son:

  • Formulario de solicitud (depende de cada comunidad autónoma).
  • Copia de los poderes notariales de la persona que lo solicita.
  • Informe explicativo de las causas relacionadas con las medidas gubernativas adoptadas por el COVID-19.
  • Medios de prueba para acreditar la fuerza mayor.
  • Relación de trabajadores afectados.
  • De haberla, información sobre la composición de la representación de los trabajadores.

¿Qué efectos tiene un ERTE por fuerza mayor para la empresa?

En relación con la Seguridad Social el Gobierno ha aprobado que los ERTEs que se inicien por las causas relacionadas con la crisis del COVID-19 los empresarios de menos de 50 trabajadores no tendrán que pagar la cotización a la Seguridad Social y los empresarios que tengan más de 50 trabajadores solo tendrán que pagar el 25% de la cuota.Esta medida extraordinaria estará sujeta al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

La empresa queda liberada de la obligación de pago de salario.

¿Qué efectos tiene un ERTE por fuerza mayor para los trabajadores?

Los trabajadores quedan en situación de desempleo mientras dure el expediente.
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno también se encuentra garantizar el cobro de la prestación con independencia de que el trabajador no tenga periodo de ocupación cotizado mínimo para ello y que el periodo de desempleo percibido durante este periodo no consuma los periodos máximos de percepción establecidos.

Inicialmente se ha aprobado una “tarifa plana” para todos los empleados afectados por este tipo de procesos y, posteriormente, se podrá justificar la situación personal y regularizar, en su caso, la prestación.

¿Quién tiene que hacer ese trámite?

Recientemente se ha establecido que son las empresas las responsables de realizar los trámites iniciales del procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo de las personas afectadas.

De hecho, se ha aprobado que las solicitudes que contuvieran incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes siendo sancionable igualmente solicitar medidas en relación con el empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión con la causa, es decir, que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

¿Qué pasa con los contratos temporales?

Los contratos temporales (es decir, a los de obra y servicio determinados, eventualidad, interinidad, formación, prácticas, relevo, fomento del empleo) quedan suspendidos durante la vigencia del ERTE y su duración se reactiva al finalizar éste.

¿Cuánto puede durar este tipo de procedimientos?

Los ERTEs por esta causa no se podrán extender más allá del periodo que se mantenga el estado de alarma.

Adaptación de condiciones de trabajo

¿Qué significa que los trabajadores pueden solicitar la adaptación de sus condiciones de trabajo?

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno se ha flexibilizado la posibilidad de que los trabajadores soliciten la adaptación o reducción de su jornada cuando acrediten el cuidado a personas por la situación extraordinarias derivada de la crisis del COVID-19. En concreto:

  • Por cuidado de personas mayores, enfermos o discapacitados.
  • Por cierre de centros educativos.
  • Por cuidado de personas que estuviesen atendidas por otras afectadas por COVID-19 o por causas relacionadas con prevención o evitación de su transmisión.

¿Quién puede solicitarlo?

Es un derecho que corresponde a las personas trabajadoras, tanto en alcance como en contenido, siempre que esté justificado y sea razonable y proporcionado para la finalidad de cuidado de otra persona.

¿Qué condiciones se pueden adaptar?

Esta medida permite adaptar:

  • La distribución del tiempo de trabajo.
  • Los turnos.
  • Los horarios.
  • El centro de trabajo.
  • Las funciones.
  • La forma de prestar el trabajo
  • Cualquier otra condición de trabajo.

¿Cuál es el procedimiento para solicitarlo?

Como derecho individual que es solo puede gestionarse con la persona interesada/afectada. Es decir, a través de acuerdo individual con cada persona.

Adaptación de condiciones de trabajo

¿Qué novedades ha traído la nueva regulación para las reducciones de jornada por cuidado de menor relacionadas con COVID 19?

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno se establecido que las personas trabajadoras podrán solicitar una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores cuando concurran las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19.

La novedad de este capítulo es que en estos casos no se requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no habrá limitación en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo de la jornada, pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción.

Otras preguntas

Ante el cierre del establecimiento, ¿hay alguna opción de mantener la actividad comercial?

Si, tienes una oportunidad de reabrir tu negocio con el reparto a domicilio. 

¿Qué pasos hay que seguir para activar el servicio a domicilio en estos días?

Para poner en marcha el servicio a domicilio debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: ​

  • Primero, identificar a los agregadores principales: Glovo, Deliveroo, Just eat, Uber eat…
  • Organizar las actividades con los mismos: Condiciones contractuales y firma de contrato

¿Cuáles son las principales condiciones contractuales?

Entre las principales condiciones contractuales hay que tener en cuenta:

  • La comisión del agregador va a estar entre el 25 y el 30% de la venta bruta -esto es de la venta iva incluido-
  • Las ventas las reciben los agregadores , haciendo una facturación quincenal , donde se recoge la venta bruta menos su comisión.
  • Posteriormente el cliente emite una factura contra el agregador por la diferencia
  • El agregador lo abona una semana después de la factura emitida por el cliente
  • Además el agregador te da la oportunidad de prescribir promociones e implementarlas cuando lo consideres oportuno a través de su aplicación.

¿Los restaurantes, cafeterías pueden vender comida para llevar, pero sólo servicio a domicilio?

Las actividades de hostelería y restauración pueden prestarse exclusivamente mediante servicio de entrega a domicilio, en virtud del artículo 10.4. También podrán hacer entrega en el propio establecimiento garantizando las medidas recomendadas de distancia e higiene. 

El pago con tarjeta ¿es obligatorio, o recomendable?

El RD no prevé ninguna limitación en cuanto a medios de pago. No obstante, y en aras de una mayor garantía de higiene sería recomendable evitar la manipulación e intercambio de cualquier elemento como las monedas.

Legal, contractual y societaria

Relaciones comerciales:

Desde el punto de vista contractual, ¿puede establecerse en los contratos pendientes de formalización, como causa expresa de resolución del mismo, sin indemnización para ninguna de las partes, la cancelación o no celebración de un evento o acto concreto como consecuencia de la crisis del Coronavirus Covid19?

Sí, de acuerdo con el principio general de autonomía de la voluntad de las partes, estas podrán establecer como causa de resolución de los contratos todas aquellas que estimen convenientes, siempre que no vayan en contra del orden público o normas de carácter imperativo, y entre ellas, la no celebración de eventos o actos como consecuencia de la suspensión del mismo, ya sea por las medidas adoptadas por el Gobierno ante la crisis o por decisión unilateral del organizador del evento o acto en cuestión.

¿Se puede considerar la crisis del Coronavirus Covid19 como una causa de fuerza mayor?

La fuerza mayor está prevista en el artículo 1.105 del Código Civil, según el cual “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

Adicionalmente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto a las circunstancias que llevarían a considerar cuándo nos encontramos ante un caso de fuerza mayor, por ejemplo, en su Sentencia nº 1321/2006, de 18 de diciembre, con referencia a otras anteriores, y que dispone lo siguiente:

«la concurrencia de los requisitos para la aplicación del art. 1105 CC, es decir, la imprevisibilidad y la inevitabilidad exige una prueba cumplida y satisfactiva (Sentencias 28 de diciembre de 1997 [RJ 1997, 9601] y 2 de marzo de 2001 [RJ 2001, 2590]), incumbiendo la carga de la prueba a quien alega la existencia del caso fortuito o la fuerza mayor (SS. 8 de noviembre de 1999 [RJ 1999, 8008]; 8 de febrero de 2000 [RJ 2000, 840]; 10 de octubre de 2002).

[…]

La «fuerza mayor» ha de consistir en una fuerza superior a todo control y previsión (S. 20 de julio de 2000 [RJ 2000, 6754]), y para ponderar su concurrencia habrá de estarse a la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una posibilidad de orden práctico (S. 4 de julio de 1983, reiterada en las de 31 de marzo de 1995, 31 de mayo de 1997, 20 de julio de 2000 y 15 de febrero de 2006). La jurisprudencia, en su versión casuística, insiste en la exigencia de haber obrado con la diligencia exigible por las circunstancias de cada caso …, pues la fuerza mayor, como el caso fortuito, no procede ante un comportamiento negligente con suficiente aportación causal

Sin perjuicio de que no cabe la posibilidad de generalizar y que esta situación deberá ser analizada caso por caso por los tribunales, lo cierto es que, con carácter general, entendemos que los sucesos epidémicos como el actual derivado del Coronavirus Covid-19 podrían ser considerado como fuerza mayor.

¿Puedo dejar de abonar la renta derivada de un contrato de arrendamiento/alquiler como consecuencia de la paralización de la actividad comercial?

En principio, no. Hasta la fecha, las normas publicadas por el Gobierno como consecuencia de la crisis del Coronavirus Covid19 no prevén la liberación de obligaciones de pago de rentas por arrendamientos de locales de negocio, almacenes, etc. Lo anterior sin perjuicio de que las partes puedan renegociar temporalmente los términos del contrato atendiendo a las circunstancias actuales.

¿Afectan las medidas urgentes decretadas por la crisis del Coronavirus Covid-19 a la obligación de cumplimiento de los contratos suscritos por las empresas con sus proveedores o clientes?

Con carácter general, las medidas urgentes publicadas por el Gobierno hasta el día 18 de marzo de 2020, en relación con la crisis del Coronavirus Covid-19 y con la declaración del Estado de Alarma no afectan a la vigencia y al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos suscritos por las empresas privadas, sin perjuicio de determinadas excepciones para contratos con el sector público o para determinados colectivos de personas físicas considerados vulnerables.

¿Podría ser utilizada la suspensión de actividades y cierre de establecimientos y comercios minoristas decretada por el Estado de Alarma como una circunstancia excepcional e imprevisible para suspender temporalmente o eximir a las partes del cumplimiento de sus obligaciones?

El hecho de que el Gobierno haya declarado el Estado de Alarma en todo el territorio nacional, y ordenado la suspensión de los espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio, o las actividades de hostelería y restauración, entre otras, así como la apertura al público de la gran mayoría de establecimientos y comercios minoristas, supone una circunstancia excepcional que podría ser calificada como causa de «fuerza mayor», y según nuestro Código Civil y la jurisprudencia de nuestros tribunales, podría dar lugar a justificar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o incluso eximir del cumplimiento del contrato, en función de las circunstancias de cada caso.

¿Podría ser invocados los efectos directos o colaterales de la situación de crisis derivada del Coronavirus Covid-19 como una situación de riesgo imprevisible e inevitable que afecta al equilibrio del contrato, y como causa para tratar de resolver o renegociar temporalmente las condiciones del contrato?

La jurisprudencia de nuestros tribunales ha determinado a través de la doctrina «Rebus Sic Stantibus» que un cambio totalmente imprevisible en las circunstancias, puede llevar a la modificación o en su caso extinción de las obligaciones, sin que sea necesario que la prestación sea imposible de cumplir, siendo lo relevante que esta situación implique una alteración grave de las bases del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, habrá de estarse al análisis de cada caso concreto.

En caso de que las partes del contrato hayan regulado expresamente las consecuencias de los supuestos de «Fuerza Mayor» o situación imprevisible sobre las obligaciones asumidas en el contrato, ¿resultará de aplicación preferente lo establecido por las partes?

El principio general establecido en nuestro Código Civil es el de autonomía de la voluntad de las partes, de modo que lo que se haya pactado en el contrato es de aplicación preferente con respecto a lo establecido en las normas aplicables al contrato o por la Jurisprudencia, siempre y cuando no sea contrario al orden público o normas de carácter imperativo.

Medidas personales

2.1 Moratoria hipotecaria:

Introducción: El Real Decreto aprobado por el Gobierno, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recoge los requisitos que deben reunir aquellos que se encuentren ante «extraordinarias dificultades» para atender el pago de su hipoteca, para obtener una moratoria de su deuda hipotecaria. Aquí se analizarán las circunstancias principales aplicables a dicha medida.

¿A qué viviendas afecta esta medida?

Según lo regulado en el Real Decreto, la medida afecta a aquellos que se encuentran hipotecados y que se endeudaron para la compra de su vivienda habitual, lo que significa que este beneficio no podrá ser aplicado a segundas residencias (clásico ejemplo de la casa de la playa), a locales comerciales o a viviendas adquiridas como inversión para su alquiler.

¿Qué condiciones debo cumplir para acogerme a esta medida de moratoria hipotecaria?

De acuerdo con lo previsto en la norma publicada por el Gobierno, la moratoria hipotecaria no será generalizada, sino que deben cumplirse una serie de requisitos para su concesión.

Esencialmente, la moratoria se concederá a aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, según los términos previstos en el propio Real Decreto. En concreto, para que se entiende que un individuo se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, deberán darse los siguientes requisitos:

  • Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas (esta bajada deberá ser, al menos, de un 40% de sus ventas).
  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (“IPREM”), es decir 1.613,52 euros. Dicho límite podrá verse incrementado en determinadas situaciones de especial vulnerabilidad (unidad familiar compuesta por menores, persona mayor de 65 años, persona con discapacidad, enfermedad mental, etc.)
  • Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Se entiende que existirá una alteración significativa cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

Todo ello sin perjuicio de la necesidad de analizar cada caso concreto para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

¿Qué se entiende por unidad familiar a los efectos de esta medida?

Según el Real Decreto, se entiende por unidad familiar el conjunto formado por el deudor hipotecario, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, independientemente de la edad de estos y siempre que residan en la vivienda.

Estarán incluidos los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Cómo afecta esta medida a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores?

En la medida en que los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir a la entidad bancaria que agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

2.2 Medidas en relación con el suministro energético y de agua:

Introducción: durante un mes a contar desde el 17 de marzo de 2020, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro energético y de agua.

¿A quiénes afecta esta medida de continuidad de los suministros?

Se trata de una medida que va dirigida a personas físicas en las que concurra la condición de consumidor y que sean definidos como vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

Cabe destacar que, en el ámbito del sector eléctrico, el artículo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ya impedía suspender el suministro a consumidores en riesgo de exclusión social (considerado servicio esencial), mientras que, en el caso de las dos primeras categorías de consumidores, solo era posible interrumpir el suministro transcurridos dos y cuatro meses, respectivamente, a contar desde el requerimiento de pago efectuado al efecto por el suministrador correspondiente.

¿Podré aplicar esta medida a mi negocio? ¿Puedo reducir la potencia si no necesito la que actualmente tengo contratada?

La medida únicamente se implanta para viviendas habituales, por lo que no será aplicable a segundas residencias, locales comerciales ni viviendas adquiridas como forma de inversión.

Por tanto, no se han incluido en el Real Decreto medidas de apoyo a las empresas o profesionales (especialmente, PYMES y autónomos) con el fin de permitir a los mismos cambiar la potencia contratada para adaptarse a las necesidades de consumo durante el estado de alarma. Actualmente, la potencia solo se puede cambiar una vez al año, por lo que la reducción o suspensión del consumo no exime del pago de la parte fija dela tarifa.

Medidas de carácter mercantil y societario

El Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, establece una serie de medidas que afectan a la actividad mercantil ordinaria de las sociedades de capital en España (artículos 40, 41 y 42) y también al inicio de las situaciones concursales (artículo 43):

¿Cómo se pueden celebrar las reuniones de los órganos de gobierno y administración de las compañías?

De acuerdo con el Real Decreto, mientras dure el estado de alarma, y aunque en los estatutos sociales no se encontrase previsto expresamente, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración (Consejos de Administración, Juntas Directivas, etc., así como sus comisiones) de las asociaciones y sociedades civiles y mercantiles, entre otras, podrán celebrarse de cualquiera de las siguientes formas:

  1. por videoconferencia, siempre que se asegure la autenticidad y conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto o;
  2. por escrito y sin sesión, en este último caso siempre que lo decida el Presidente (debiendo asimismo adoptarse cuando así lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano). Será de aplicación lo establecido en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

En ambos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

¿Cómo afecta la crisis del Covid-19 al plazo para llevar a cabo la formulación de cuentas anuales relativas al ejercicio 2019?

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto de medidas excepcionales publicado por el Gobierno, el plazo de formulación de las cuentas anuales que da suspendido (tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social) y se reanudará de nuevo por un nuevo plazo de tres meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

¿Cómo afecta la crisis del Covid-19 a la Auditoría de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2019?

En el supuesto de que, en el momento de la declaración del estado de alarma, las Cuentas Anuales del ejercicio anterior (ejercicio 2019) ya hubiesen sido formuladas, el plazo para la verificación contable de las cuentas (si la auditoría fuera obligatoria) se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

¿Cómo afecta la crisis del Covid-19 a la celebración de las Juntas Generales Ordinarias para la aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2019?

La Junta General Ordinaria podrá reunirse dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, esto es en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma (3 meses para formular y 3 meses para aprobar).

Si ya se hubiese publicado la convocatoria con anterioridad a la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuese posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y hora previstos o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad con 48 horas de antelación (y si la sociedad no tuviese página web, en el BOE), debiendo en éste último caso proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

Como socio de una compañía, ¿puedo ejercer mi derecho de separación?

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto, los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma.

Durante el plazo que transcurra el estado de alarma ¿es posible la disolución de sociedades?

  1. En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.
  2. Si antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia del mismo, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo para la convocatoria de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese período.

¿Cómo afecta la crisis del Covid-19 a los plazos registrales?

Durante toda la vigencia del estado de alarma, se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos de reanudará a contar desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma o de su prórroga.

¿Tengo obligación de solicitar el concurso voluntario en caso de que la compañía se encuentre en causa para ello?

Mientras esté vigente el estado de alarma, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso:

(a) El deudor que se encuentre en estado de insolvencia hasta que transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma. Los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

(b) El deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley Concursal.

¿Qué efecto tiene la crisis del Covid-19 sobre los plazos de prescripción y caducidad?

En aquellos casos en los que existe un plazo máximo para la reclamación de las deudas, el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma estableció por medio de su Disposición Adicional Cuarta que los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

¿Qué ocurre con los plazos de devolución de los productos adquiridos cuyas tiendas se encuentran cerradas al público?

Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, tanto de forma presencial como on-line. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.

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